El Consejo General de Enfermería ha aconsejado que la población y los profesionales utilicen mascarillas autofiltrantes, conocidas como FFP2, en aquellos lugares cerrados, poco ventilados y con aglomeración.

En un comunicado, se aconsejó el uso de estas mascarillas en lugares bastantes transitables, donde haya aglomeraciones de personas y de esta forma creciendo la posibilidad de coincidir con estas, sobre todo en zonas como en transportes públicos, centros sanitarios, farmacias, entre otros muchos.

 

Como ya solicitaron cuando se aprobó la bajada del IVA de las mascarillas quirúrgicas, el Consejo General de Enfermería sostiene que es importante “que tanto la reducción impositiva como la fijación de un precio máximo de venta al público se extienda a todas las mascarillas, siempre que esté certificada su eficacia.

Cada vez son más los expertos que aconsejan utilizarlas en interiores, ya que están probadas contra aerosoles muy finos, los causantes de la transmisión del coronavirus, además de que se ajustan mejor a la cara.

Sin embargo, las FFP2 no valen para todo el mundo y se deben reservar para determinados momentos, como explica Consejo General de Enfermería.

 

Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, asegura que “de hecho hay que ir más allá y deberían ser gratuitas para los colectivos más vulnerables, para todas esas familias e individuos sin ingresos o con ingresos muy bajos derivados de la situación socioeconómica desatada por esta emergencia sanitaria.

Pero ante esto, ¿cuánto nos valen estas mascarillas?

Estas varían del 1-1,5 euros la unidad, porque es un producto más complejo y tiene un IVA del 21% y su duración solo alcanza las ocho horas.

Así, el Consejo ha reiterado en su comunicado la necesidad de reducir los impuestos y fijar un precio máximo de venta al público para estas mascarillas, como sucedió con las mascarillas quirúrgicas.

  
A pesar de esto, las mascarillas son un bien de primera necesidad para los ciudadanos y por tanto es imprescindible protegerles de cualquier movimiento especulativo, priorizando en todo momento la salud frente al oportunismo de unos pocos.

 

Es más, a su juicio, hay que ir «más allá» y deberían ser gratuitas para los colectivos más vulnerables.

Por eso, Pérez Raya mantiene que «lo ideal» sería incluirlas dentro del catálogo de medicamentos y productos financiados por el Sistema Nacional de Salud.

 

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